Esta semana nos hemos encontrado con nuevos lanzamientos de vivienda habitual a familias que no tienen medios para acceder a una alternativa en el mercado.
Todavía no se entiende como ninguna Administración es capaz de poner freno a esta lacra. El Ayuntamiento es incompetente por la materia, y por algo más; la Generalitat Valenciana es competente pero inefectiva, y el Estado todavía está en manos del Partido Popular y primero tiene que salvar a los bancos.
Con este escenario, hay infinidad de motivos por los que un desahuciado puede acabar en la calle.
El lunes tuvo que intervenir la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para aplazar el lanzamiento ya que, ni su abogado, ni el banco, ni las Administraciones habían sido capaces de evitarlo, o al menos proporcionar una alternativa.
La excusa es que la familia tenía que haber vigilado al abogado para que hiciera bien su trabajo, haber demandado al banco para exigir el alquiler social y acudir al Ayuntamiento para entrar en lista de espera para el fondo de viviendas municipal que tiene 0 viviendas.
Con este escenario, hay infinidad de motivos por los que un desahuciado puede acabar en la calle.
La realidad es que su abogado no ha sabido conseguir la moratoria para el lanzamiento hasta el año 2020 que por ley les corresponde, el banco no ha cumplido con el compromiso firmado con el Estado de ofrecer de oficio un alquiler social a sus desahuciados con pocos ingresos, y la Administración no cerró el circulo de los desahucios en 2015.
El jueves nos encontramos con otro caso, una vivienda que se ha adjudicado en subasta un tercero que no es el banco, pero el banco igualmente está obligado a ofrecer un alquiler social a sus desahuciados. Y la urgencia hace que se ponga en la mesa una vivienda del banco en alquiler social.
La solución vendrá de la mano de la ciudadanía y tendrá que ser ella la que se organice y proporcione la bolsa de vivienda social necesaria
El riesgo de hacer las cosas tarde y mal trae soluciones desesperadas; y en este caso, el banco proporciona una vivienda en un quinto sin ascensor para una familia con una persona de 90 años el mimos jueves del lanzamiento, por lo que se tendrá que complementar con una residencia de mayores para ser viable. Lo que lleva a separar a la familia con los problemas inherentes, pero todo será resultado de la precipitación y de no tomarse en serio este problema.
La casuística es interminable gracias a la nefasta legislación en esta materia. Y para rematar nos llega otra ola de desahucios, los bancos que hace tres años cedieron vivienda en alquiler social no están renovando el alquiler.
La cuestión es que poner remedio a las consecuencias del lanzamiento de una familia sin recursos es misión que no queda resuelta. Al final, como en la mayoría de los casos la solución vendrá de la mano de la ciudadanía y tendrá que ser ella la que se organice y proporcione la bolsa de vivienda social necesaria.
Iñaki Vallejo.
Concejal de “Castelló en Moviment”.